México atraviesa por la crisis de violencia más agravada de su historia. En 2018, en el país se registraron más de 33.000 asesinatos, principalmente con arma de fuego, aunque solo hay una tienda legal en todo el territorio mexicano para la compra de armamento.

La responsabilidad del aumento de armas parece recaer en EE.UU. La razón no es solo la alta demanda de drogas, sino también su flexible política armamentística.

El país latinoamericano tiene fuertes restricciones para la compra y venta de armas, al punto que solo cuenta con una tienda para adquirirlas legalmente, ubicada en un edificio anónimo en una base militar en la capital, que es atendida por soldados. En contraparte, su vecino del norte tiene 50.000 establecimientos, por lo que no es extraño que 70 % de las armas con que se cometen delitos en México provengan de EE.UU.

La guerra subterránea
Cifras de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), indican que entre 2011 y 2016, al menos 106.000 armas fabricadas en EE.UU. estuvieron vinculadas con actividades delictivas en México, cita ‘Beyond Our Borders’, el más reciente informe del Center for American Progress, una organización estadounidense que se encarga de la investigación y defensa de políticas públicas.

De esa cifra, 74.200 fueron compradas legalmente en territorio estadounidense, pero el informe también señala que cada año cerca de 213.000 armas de fuego son transportadas ilegalmente hacia territorio mexicano.

En 2018, México registró 33.341 homicidios dolosos y 861 feminicidios, la cifra más alta desde que comenzaron los registros en 1997. Los investigadores sostienen que aunque el fenómeno se debe, en parte, a los altos niveles de impunidad, el acceso a las armas de fuego también es un factor clave: entre 2014 y 2016, más de 33.000 armas estadounidenses fueron recuperadas en investigaciones criminales por las autoridades mexicanas.

«Hay dos entradas principales de armas ilegales a México: la frontera con EE.UU y la frontera sur, en menor escala, generalmente en vehículos por vía terrestre (…) Está este ingreso ilegal de armas, pero también la falta de supervisión dentro de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otras instituciones», explica Antia Mendoza, especialista e investigadora en temas de seguridad, prevención y modelos victimológicos.

Existen otros estudios que evidencian las afectaciones. Cifras de la Universidad de San Diego, en conjunto con el Igarapé Institute, estipulan que cada año, alrededor de 253.000 armas de fuego cruzan de contrabando. Aunado a ello, información de la organización American Friends Service Commitee (AFSC) apunta que las armas fueron utilizadas en alrededor de la mitad de los 57.000 homicidios cometidos en México entre 2013 y 2016.

Un mercado restrictivo e ilegal
México cuenta con una de las leyes más restrictivas para la compra y venta de armas de fuego: solo la Sedena puede fabricarlas y venderlas. Para que un ciudadano pueda acceder a ellas, se debe registrar en la dependencia cumplimentando una serie de requisitos como otorgar cartas de recomendación, registro de antecedentes penales, comprobante de domicilio, identificación oficial, copia del certificado de nacimiento, entre otros.

Una investigación realizada por la Universidad de Manchester encontró que alrededor de 60 % de las armas de fuego que se comercian en el internet profundo (‘dark web’) son de origen estadounidense, mientras que en México es posible adquirirlas en páginas de compra-venta en línea desde 47 dólares, o en mercados como el de Tepito, el más tradicional de la capital mexicana.

Ante este panorama, la también directora ejecutiva de Seguridad y Paz (Seypaz) advierte: «Tenemos que hacer un trabajo en dos sentidos: uno, enfocado en políticas más efectivas de controles en Estados Unidos; y otro, más interno, no solo basado en programas de canjeo de armas, que ya existen, sino también en pedagogía ciudadana».